De momento sólo
han sido condenados dos políticos y absuelos otros dos.
Las investigaciones mantienen
encausados a 61 empresarios y otras 52 personas más.
La
investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa y
famosa del país, cumplirá cinco años el próximo 6 de febrero. La causa enfila
ya su recta final y va camino de ser el procedimiento judicial por corrupción
política con más imputados y procesados de España, desbancando con gran
diferencia al caso Malaya, que sentó en el banquillo el año pasado a 86
acusados de los 95 imputados iniciales.
Según cálculos
a los que ha tenido acceso este periódico y que han sido extraídos de distintos
sumarios, la cifra de imputados en todas las causas relacionadas con la trama
de Francisco Correa -incluido el caso Bárcenas- asciende a
187 personas. Un dato récord. De ellos, hasta 74 imputados son o han sido
políticos del PP o familiares directos de los mismos.
La
investigación de las ramas principales de Gürtel avanza en paralelo en la
Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV).
El caso se
destapó el 6 de febrero de 2009 con las primeras detenciones ordenadas por Baltasar
Garzón, entre ellas la de Francisco Correa. Pero la investigación había
empezado meses antes, en 2008.
La existencia
de aforados nacionales -diputados y senadores- provocó que parte del caso fuera
enviado al Tribunal Supremo. Además, la aparición de indicios de delito en la
actuación de diputados autonómicos de la Comunidad Valenciana, Madrid y
Castilla y León hizo que se abrieran investigaciones en piezas separadas en los
tribunales de esas tres comunidades autónomas.
Hoy, la trama
principal vuelve a estar en la Audiencia Nacional bajo la instrucción del juez Pablo
Ruz. La misma se ha troceado hasta en 25 piezas, casi todas instrumentales,
para hacer más sencillo su estudio. De entre ellas destaca el llamado caso
Bárcenas, que ha tenido en vilo al Gobierno y al PP durante todo 2013. Hace
algo más de un año, EL MUNDO desveló que el ex tesorero Luis Bárcenas había
repartido sobresueldos en dinero negro entre gran parte de la cúpula del PP.
Además, el TSJCV investiga la supuesta financiación ilegal, los presuntos
delitos electorales del PP de Francisco Camps y casos concretos como las
supuestas comisiones pagadas en la visita del Papa a Valencia.
Los políticos
El grueso de
los imputados en las distintas ramas del caso Gürtel lo constituyen políticos
del PP, en contra de lo que públicamente defiende este partido. Hasta 74 de los
187 imputados eran dirigentes nacionales, regionales o locales en el momento en
el que se vieron implicados en este caso.
Es cierto que
la gran mayoría ya no lo es, como destacan fuentes populares. El hecho de que
hayan pasado varios años desde el inicio de las pesquisas ha permitido que se
hayan producido múltiples dimisiones, normalmente forzadas, y que se haya
excluido de las listas de las siguientes convocatorias electorales a la mayoría
de los implicados. Todo ello ha provocado que casi todos hayan salido ya de la
órbita del partido que dirige Mariano Rajoy. De ese modo
ha ocurrido con los dirigentes nacionales o los políticos autonómicos de
Madrid. No así con los de Valencia, ya que muchos de ellos siguen siendo
diputados regionales del PP.
Cuatro
responsables públicos ya fueron juzgados en el caso de los trajes en Valencia.
Dos fueron condenados, Víctor Campos y Rafael Betoret, y dos,
absueltos, el ex presidente autonómico Francisco Camps y Ricardo
Costa.
La actuación
del PP hacia sus imputados no ha sido homogénea. En Madrid, la reacción fue
enérgica desde un primer momento. La entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, expulsó a su consejero Alberto López
Viejo del Gobierno antes de que su nombre saltara a la prensa. Y lo mismo
hizo con los alcaldes de Arganda del Rey o Boadilla del Monte y con todos los
populares que empezaron a ser investigados por corrupción en aquellos días de
2009.
Los tres
diputados autonómicos de la Asamblea imputados se negaron a dimitir y dejar su
escaño -López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-, pero
fueron expulsados del Grupo Popular y dados de baja en el partido por orden
expresa de Aguirre, con lo que pasaron a ser diputados no adscritos. En las
elecciones de 2011 ya no formaron parte de las listas y el caso volvió a saltar
del Tribunal Superior de Madrid a la Audiencia Nacional.
En la Comunidad
Valenciana ocurrió lo contrario. Al menos, mientras siguió presidiendo el PP
regional Francisco Camps. En 2011, los imputados engrosaron sin
problemas las listas autonómicas y el partido volvió a sacar mayoría absoluta.
Hoy suponen 11 parlamentarios, un 20% del Grupo Popular. Aunque no todos están
implicados en el caso Gürtel. Algunos lo están en otros casos de corrupción
política, como Brughal.
De hecho, si
los diputados imputados se unieran en un solo grupo constituirían el tercero de
Les Corts. La trascendencia de la cifra es evidente, ya que, en caso de que
acabaran en el Grupo Mixto, podrían condicionar el futuro de la política valenciana.
Entre los
imputados de Valencia los hay de todas las categorías: de primera, de segunda y
de tercera fila. Todos parecieron encontrar en esta trama una forma fácil de
enriquecerse a costa de la Administración y del contribuyente.
El PP nacional,
por último, ha adoptado actitudes contrapuestas. En teoría, asegura que ha sido
implacable con los corruptos. Pero Bárcenas ha estado cobrando una abultada
cantidad mensual del partido incluso cuando, en teoría, ya había dejado la
formación por su presunta implicación en este caso de corrupción; y siempre
antes de que se conociera la supuesta contabilidad B del PP, que él
presuntamente coordinó.
Además, otros
dirigentes imputados y a los que el juez atribuye papeles importantes, como Jesús
Sepúlveda, han cobrado abultadas nóminas durante años de la dirección
nacional del PP por supuestos trabajos de asesoramiento a distancia.
Las últimas
investigaciones del juez Ruz apuntan, además, a que existen indicios de que el
partido pagó gran parte de la remodelación de su sede con fondos opacos. E
indican que este partido tenía dos contabilidades: unas cuentas legales en A
que enviaba al Tribunal de Cuentas y por las que pagaba impuestos, y otra en B
que mantuvo oculta.
Empresarios
Constituyen el
tercer gran bloque de imputados y lo conforman hasta 61 profesionales de
distintos sectores acusados de pagar comisiones a cambio de contratos amañados
o de colaborar con la trama. Entre ellos están algunos de los más importantes
del país, como los presidentes de varias de las más potentes constructoras,
como Juan Miguel Villar Mir (OHL) o Luis del Rivero (antes en
Sacyr).
Otros son
pequeños empresarios de sociedades que crecieron a la sombra de la trama. Como
los que dirigieron las empresas que trabajaron en la visita del Papa a
Valencia.
La trama
El tercer gran
bloque lo constituyen 52 personas que pertenecían al núcleo director de la
trama bajo las órdenes de Francisco Correa. En este grupo no sólo están él y
sus lugartenientes. Se encuentran numerosos abogados que supuestamente se
dedicaron al blanqueo de dinero de las empresas del grupo, como Luis Miguel
Pérez, testaferros, intermediarios financieros y comerciales, y enlaces con
paraísos fiscales.
Correa, Álvaro
Pérez El Bigotes, o Pablo Crespo tejieron durante años una maraña de
favores y relaciones con distintas administraciones gobernadas por el PP para
hacerse con contratos muy por encima de su precio. Aquel sobrecoste que salía
de la Administración volvía en parte a los bolsillos de los políticos.
Junto a ellos
están imputados los administradores de las empresas del llamado grupo Correa,
las sociedades directamente gestionadas por ellos que trabajaban, por ejemplo,
con la Comunidad de Madrid a través del ex consejero López Viejo. Special
Events, Easy Concept, Diseño Asimétrico u Orange Market en Valencia operaban
directamente desde el grupo para algunas de las administraciones implicadas.
El número de
imputados es tan alto y las diligencias e informes tan numerosos que nadie se
atreve a poner fecha al fin de la investigación. El PP se queja de que la
instrucción es interminable. Pero tampoco ha demostrado querer colaborar con la
Justicia, según ha advertido el juez.
En los próximos meses, Ruz espera
encarar la recta final de la instrucción y sentar en el banquillo a los responsables
del caso de corrupción política más importante de España.
