miércoles, 23 de julio de 2014

'Gürtel' cinco años después: 187 imputados, 74 de ellos políticos


De momento sólo han sido condenados dos políticos y absuelos otros dos.

Las investigaciones mantienen encausados a 61 empresarios y otras 52 personas más.


La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa y famosa del país, cumplirá cinco años el próximo 6 de febrero. La causa enfila ya su recta final y va camino de ser el procedimiento judicial por corrupción política con más imputados y procesados de España, desbancando con gran diferencia al caso Malaya, que sentó en el banquillo el año pasado a 86 acusados de los 95 imputados iniciales.

Según cálculos a los que ha tenido acceso este periódico y que han sido extraídos de distintos sumarios, la cifra de imputados en todas las causas relacionadas con la trama de Francisco Correa -incluido el caso Bárcenas- asciende a 187 personas. Un dato récord. De ellos, hasta 74 imputados son o han sido políticos del PP o familiares directos de los mismos.
La investigación de las ramas principales de Gürtel avanza en paralelo en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El caso se destapó el 6 de febrero de 2009 con las primeras detenciones ordenadas por Baltasar Garzón, entre ellas la de Francisco Correa. Pero la investigación había empezado meses antes, en 2008.
La existencia de aforados nacionales -diputados y senadores- provocó que parte del caso fuera enviado al Tribunal Supremo. Además, la aparición de indicios de delito en la actuación de diputados autonómicos de la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León hizo que se abrieran investigaciones en piezas separadas en los tribunales de esas tres comunidades autónomas.
Hoy, la trama principal vuelve a estar en la Audiencia Nacional bajo la instrucción del juez Pablo Ruz. La misma se ha troceado hasta en 25 piezas, casi todas instrumentales, para hacer más sencillo su estudio. De entre ellas destaca el llamado caso Bárcenas, que ha tenido en vilo al Gobierno y al PP durante todo 2013. Hace algo más de un año, EL MUNDO desveló que el ex tesorero Luis Bárcenas había repartido sobresueldos en dinero negro entre gran parte de la cúpula del PP. Además, el TSJCV investiga la supuesta financiación ilegal, los presuntos delitos electorales del PP de Francisco Camps y casos concretos como las supuestas comisiones pagadas en la visita del Papa a Valencia.
Los políticos
El grueso de los imputados en las distintas ramas del caso Gürtel lo constituyen políticos del PP, en contra de lo que públicamente defiende este partido. Hasta 74 de los 187 imputados eran dirigentes nacionales, regionales o locales en el momento en el que se vieron implicados en este caso.
Es cierto que la gran mayoría ya no lo es, como destacan fuentes populares. El hecho de que hayan pasado varios años desde el inicio de las pesquisas ha permitido que se hayan producido múltiples dimisiones, normalmente forzadas, y que se haya excluido de las listas de las siguientes convocatorias electorales a la mayoría de los implicados. Todo ello ha provocado que casi todos hayan salido ya de la órbita del partido que dirige Mariano Rajoy. De ese modo ha ocurrido con los dirigentes nacionales o los políticos autonómicos de Madrid. No así con los de Valencia, ya que muchos de ellos siguen siendo diputados regionales del PP.
Cuatro responsables públicos ya fueron juzgados en el caso de los trajes en Valencia. Dos fueron condenados, Víctor Campos y Rafael Betoret, y dos, absueltos, el ex presidente autonómico Francisco Camps y Ricardo Costa.
La actuación del PP hacia sus imputados no ha sido homogénea. En Madrid, la reacción fue enérgica desde un primer momento. La entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, expulsó a su consejero Alberto López Viejo del Gobierno antes de que su nombre saltara a la prensa. Y lo mismo hizo con los alcaldes de Arganda del Rey o Boadilla del Monte y con todos los populares que empezaron a ser investigados por corrupción en aquellos días de 2009.
Los tres diputados autonómicos de la Asamblea imputados se negaron a dimitir y dejar su escaño -López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-, pero fueron expulsados del Grupo Popular y dados de baja en el partido por orden expresa de Aguirre, con lo que pasaron a ser diputados no adscritos. En las elecciones de 2011 ya no formaron parte de las listas y el caso volvió a saltar del Tribunal Superior de Madrid a la Audiencia Nacional.
En la Comunidad Valenciana ocurrió lo contrario. Al menos, mientras siguió presidiendo el PP regional Francisco Camps. En 2011, los imputados engrosaron sin problemas las listas autonómicas y el partido volvió a sacar mayoría absoluta. Hoy suponen 11 parlamentarios, un 20% del Grupo Popular. Aunque no todos están implicados en el caso Gürtel. Algunos lo están en otros casos de corrupción política, como Brughal.
De hecho, si los diputados imputados se unieran en un solo grupo constituirían el tercero de Les Corts. La trascendencia de la cifra es evidente, ya que, en caso de que acabaran en el Grupo Mixto, podrían condicionar el futuro de la política valenciana.
Entre los imputados de Valencia los hay de todas las categorías: de primera, de segunda y de tercera fila. Todos parecieron encontrar en esta trama una forma fácil de enriquecerse a costa de la Administración y del contribuyente.
El PP nacional, por último, ha adoptado actitudes contrapuestas. En teoría, asegura que ha sido implacable con los corruptos. Pero Bárcenas ha estado cobrando una abultada cantidad mensual del partido incluso cuando, en teoría, ya había dejado la formación por su presunta implicación en este caso de corrupción; y siempre antes de que se conociera la supuesta contabilidad B del PP, que él presuntamente coordinó.
Además, otros dirigentes imputados y a los que el juez atribuye papeles importantes, como Jesús Sepúlveda, han cobrado abultadas nóminas durante años de la dirección nacional del PP por supuestos trabajos de asesoramiento a distancia.
Las últimas investigaciones del juez Ruz apuntan, además, a que existen indicios de que el partido pagó gran parte de la remodelación de su sede con fondos opacos. E indican que este partido tenía dos contabilidades: unas cuentas legales en A que enviaba al Tribunal de Cuentas y por las que pagaba impuestos, y otra en B que mantuvo oculta.
Empresarios
Constituyen el tercer gran bloque de imputados y lo conforman hasta 61 profesionales de distintos sectores acusados de pagar comisiones a cambio de contratos amañados o de colaborar con la trama. Entre ellos están algunos de los más importantes del país, como los presidentes de varias de las más potentes constructoras, como Juan Miguel Villar Mir (OHL) o Luis del Rivero (antes en Sacyr).
Otros son pequeños empresarios de sociedades que crecieron a la sombra de la trama. Como los que dirigieron las empresas que trabajaron en la visita del Papa a Valencia.
La trama
El tercer gran bloque lo constituyen 52 personas que pertenecían al núcleo director de la trama bajo las órdenes de Francisco Correa. En este grupo no sólo están él y sus lugartenientes. Se encuentran numerosos abogados que supuestamente se dedicaron al blanqueo de dinero de las empresas del grupo, como Luis Miguel Pérez, testaferros, intermediarios financieros y comerciales, y enlaces con paraísos fiscales.
Correa, Álvaro Pérez El Bigotes, o Pablo Crespo tejieron durante años una maraña de favores y relaciones con distintas administraciones gobernadas por el PP para hacerse con contratos muy por encima de su precio. Aquel sobrecoste que salía de la Administración volvía en parte a los bolsillos de los políticos.
Junto a ellos están imputados los administradores de las empresas del llamado grupo Correa, las sociedades directamente gestionadas por ellos que trabajaban, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid a través del ex consejero López Viejo. Special Events, Easy Concept, Diseño Asimétrico u Orange Market en Valencia operaban directamente desde el grupo para algunas de las administraciones implicadas.
El número de imputados es tan alto y las diligencias e informes tan numerosos que nadie se atreve a poner fecha al fin de la investigación. El PP se queja de que la instrucción es interminable. Pero tampoco ha demostrado querer colaborar con la Justicia, según ha advertido el juez.
En los próximos meses, Ruz espera encarar la recta final de la instrucción y sentar en el banquillo a los responsables del caso de corrupción política más importante de España.